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dNNHzcxvRRDAFA6yANA HENRÍQUEZ (TW: @SOIDEA)
21/05/2015
De: Guinguinbali

Ayer, jueves 20, la Eurocámara aprobó un proyecto de ley para obligar a las empresas de la Unión Europea (UE) a mostrar que los minerales que emplean no proceden de zonas en conflicto. Esta certificación dejaría de ser voluntaria, como hasta ahora, y afectaría a unas 880.000 compañías. A este primer paso, que muchos activistas consideran histórico, le seguirá una nueva negociación con el Consejo de la UE y la Comisión Europea. El objetivo final es introducir la ley en los 28 Estados de la Unión para dejar de alentar los conflictos que rodean la obtención de estos materiales, situados, sobre todo, en África.
Lo que aprobaron ayer los europarlamentarios no es una ley, “es un mandato para que, luego, se transforme en ley en cada uno de los países”, los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Para llegar hasta ahí, hará falta una nueva negociación. Los dos órganos legisladores europeos, el Parlamento y el Consejo de la UE, junto con la supervisión, —en teoría— técnica y apartidista, de la Comisión Europea, volverán a negociar un texto, que puede cambiar sustancialmente. Con todo, lo logrado ayer es todo un hito.

“Un día para estar satisfechos”

Hasta ahora, la Comisión Europea proponía un sistema voluntario, una “autocertificación” voluntaria de las empresas. Según declaraciones para AFP del laborista británico, David Martin, “desde hace cinco años, rigen estas directivas voluntarias y el 80% de las empresas han elegido no publicar información sobre la manera en que controlan sus filiales de aprovisionamiento”.

Este precedente, sumado a que el grupo de los conservadores del Parlamento Europeo quería imponer una obligación, únicamente, a las plantas de fundición y refinerías, lo que repercutiría en apenas unas 20 empresas en toda Europa, incitaba al desaliento; más sabiendo que partían de lo que Gerardo Ríos, coordinador del equipo de empresas de Amnistía Internacional, califica de “propuesta débil”.

Sin embargo, gracias a la presión de más de 150 organizaciones de la sociedad civil —entre ellas, el doctor Denis Mukwege, galardonado con el Premio Sájarov 2014 de la UE a la Libertad de Conciencia—, el Parlamento, yendo más allá que la Comisión Europea, ha aprobado una enmienda, la 155, que obliga a todas las empresas de la cadena comercial a vincularse a la legislación, identificando de dónde provienen los materiales que comercian. La izquierda y los liberales, partidarios de un sistema de mayor alcance, se impusieron por 378 votos contra 300. Como declaraba, ayer, Gerardo Ríos en la Cadena SER, “es un día para estar satisfechos”.

Si se consigue introducir la ley en las legislaciones de los Estados, las empresas tendrán la obligación de inspeccionar su cadena de suministros para asegurarse de que no incorporan minerales procedentes de zonas de conflicto. Un sistema obligatorio de trazabilidad y certificación de origen se impondrá en toda la cadena de transformación y utilización de esas materias primas, desde las plantas de fundición y las refinerías, hasta los industriales europeos que compran la materia. “Bastará con que las empresas declaren la identidad de sus proveedores directos. No les pedimos ni auditoría ni informe. Es, por tanto, una obligación mínima, sin una sobrecarga burocrática”, indicó el eurodiputado belga, Louis Michel, excomisario europeo, según AFP. Esta nueva regulación afectaría a unas 880.000 empresas de la Unión Europea.

Minerales de conflicto

La medida aprobada por el Europarlamento afecta a minerales como el estaño, el tantalio, el tungsteno o el oro, que son esenciales en la fabricación de tecnologías de uso diario como electrodomésticos, bombillas, automóviles, ordenadores portátiles y teléfonos móviles —según la ONG Global Witness, la Unión Europea es el segundo mayor importador de ordenadores portátiles y teléfonos móviles—. A menudo, para obtener estos minerales, se cometen violaciones de derechos humanos.

África posee el 30% de los recursos minerales de todo el mundo, la producción minera representa el 24% del PIB continental y, entre los 27 conflictos el ejemplo más recurrente es el del este de la República Democrática del Congo (RDC) y la región de los Grandes Lagos. Allí, varios grupos rebeldes llevan años (e, incluso, décadas) financiando sus actividades mediante la comercialización de los denominados “minerales de conflicto”.

Como sentencia el profesor Mbuyi Kabunda, “hay una hipocresía de los países occidentales que se aprovechan de los conflictos para comprar estos diamantes de sangre, como el coltán”. De hecho, su país de origen, la República Democrática del Congo (RDC), es el primer productor de coltán, mineral que, según él mismo lamenta, “se ha convertido en la fuente de las desgracias del pueblo congoleño”.

Según un informe de Amnistía Internacional y Global Witness, el 80% de las empresas no controla el suministro de sus minerales, ni son capaces de revelar si en sus productos hay minerales procedentes de zonas en conflicto o no. Muchas veces, el negocio que generan estos minerales retroalimenta el conflicto a través de la financiación de grupos armados.

Por ello, Kabunda considera que, con la aprobación del proyecto de ley, “se ha dado un paso muy importante en la lucha contra estas prácticas”. “Si de verdad se aplica, se podrá poner fin al drama que vive la zona oriental de la RDC con el coltán”.

 

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